El sentido común no es suficiente para subsanar los riesgos legales involucrados en el arrendamiento de un inmueble: la renta de propiedad raíz es una actividad con altas complejidades legales y regulatorias que deben abordarse desde una gestión experta.

Muy posiblemente tengas al frente un arrendatario amable, con los documentos básicos en regla y pruebas de solvencia económica que te inspiran plena confianza. Incluso, ofertas de pagos anticipados, cauciones en dinero y referencias a las que fácilmente podrías corroborar con unas llamadas telefónicas. 

Pero nada de esto no es suficiente garantía de blindaje de los posibles riesgos legales que se te pudieran presentar a lo largo de la vida del contrato. Incluso podrían hasta invalidarlo.

Complejidad regulatoria

Y esto sucede porque el arrendamiento de propiedad raíz en Colombia tiene complejas implicaciones legales que nacen en la misma Constitución Política del país, que sí bien garantiza el pleno derecho a la propiedad privada, le atribuye a ésta una relación estrecha con los valores y principios ético-sociales que fundamentan el Estado.

Y en esta vía, la ley no sólo garantiza la utilización de la propiedad de acuerdo con esos valores, sino que protege otros derechos individuales y familiares, que de suyo están involucrados en el acto de arrendar.

De ahí que la legislación –principalmente la ley 820 de 2003, pero también los códigos de civil y de comercio, e incluso normas del derecho penal- entren en juego en esta actividad, y sea necesario conocerlos en detalle para aspectos relativamente simples como las formalidades de notificaciones, pagos y prohibiciones; hasta otras como los blindajes contra posibles procesos de extinción de dominio y la validez misma del contrato. 

Posibles riesgos

Si seguimos la lógica del curso de un contrato de arrendamiento desde el inicio hasta su terminación, podemos identificar los posibles riesgos de una inexperta gestión legal.

  • Arrendatarios no confiables o con problemas de probidad. Un riesgo que va desde garantizar su capacidad legal para suscribir el contrato, la verificación real de sus referencias y actividad económica y termina con la elaboración del contrato a medida, con plena validez. Las formas estándar de los contratos pueden no ser suficientes; y la simple vista de documentos diligenciados y firmados no garantizan su autenticidad. 
  • Usos indebidos del bien arrendado. A pesar de todas las previsiones legales, el arrendatario podría verse incurso en actividades que exigen acciones legales con diferentes niveles de gravedad, como subarriendos o usos inadecuados, hasta la comisión de delitos que lleven a procesos de extinción de dominio. Aunque en todos los casos existen herramientas legales, si estas no están debidamente previstas y con el adecuado respaldo legal especializado y oportuno, el propietario podría llegar a vivir auténticas pesadillas.
  • Incumplimientos en la restitución. La gestión legal lo previene desde la elaboración del contrato con sus correspondientes documentos complementarios técnicamente elaborados –como los inventarios, por ejemplo- hasta los términos de notificación para terminaciones anticipadas o prórrogas, todas estas estipuladas taxativamente por la ley.

Gestión experta

Esta amplia posibilidad de riesgos exigen sin duda la gestión de un experto a lo largo de todo el proceso. La adecuada selección del arrendatario, la elaboración de los contratos a medida con plena validez legal y sus soportes, y el músculo y la experticia suficiente de un equipo jurídico que pueda actuar si es necesario más allá de todas estas previsiones.

Una inmobiliaria experta, con su debida matrícula de ley y con el respaldo en responsabilidad y capacitación que da la pertenencia a un gremio, son la mejor opción para reducir al mínimo los riesgos legales al arrendar tu propiedad.