El sentido común no es suficiente para subsanar los riesgos legales involucrados en el arrendamiento de un inmueble: la renta de propiedad raíz es una actividad con altas complejidades legales y regulatorias que deben abordarse desde una gestión experta.

Muy posiblemente tengas al frente un arrendatario amable, con los documentos básicos en regla y pruebas de solvencia económica que te inspiran plena confianza. Incluso, ofertas de pagos anticipados, firma de pólizas y referencias que fácilmente podrías corroborar con unas llamadas telefónicas.

Pero nada de esto es suficiente garantía de blindaje de los posibles riesgos legales que se te pudieran presentar a lo largo del contrato. Incluso podrían hasta invalidarlo.

Complejidad regulatoria

El arrendamiento de propiedad raíz en Colombia tiene complejas implicaciones legales que nacen en nuestra Constitución Política, que sí bien garantiza el pleno derecho a la propiedad privada, le atribuye a esta una relación estrecha con los valores y principios ético-sociales que fundamentan el Estado.

Y en esta vía, la ley no sólo garantiza la utilización de la propiedad de acuerdo con esos valores, sino que protege otros derechos individuales y familiares, que de suyo están involucrados en el acto de arrendar.

De ahí que la legislación sea protagonista dentro de las actividades relacionadas con el arrendamiento de propiedad raíz –principalmente la ley 820 de 2003, los códigos Civil y de Comercio y varias normas del derecho penal– y sea necesario conocer en detalle aspectos relativamente simples, como las formalidades para las notificaciones, los pagos y las prohibiciones, hasta otras mucho más complejas, como los blindajes contra posibles procesos de extinción de dominio y la validez misma del contrato.

Posibles riesgos

Si seguimos la lógica de un contrato de arrendamiento desde el inicio hasta su terminación, podemos identificar los posibles riesgos de una inexperta gestión legal:

  • Arrendatarios no confiables. Un riesgo que va desde garantizar su capacidad legal para suscribir el contrato, la verificación real de sus referencias y actividad económica, hasta la elaboración del contrato a la medida y con plena validez. Las formas estándar de los contratos pueden no ser suficientes, y la simple vista de documentos diligenciados y firmados no garantizan su autenticidad.
  • Usos indebidos del bien arrendado. A pesar de todas las previsiones legales, el arrendatario podría verse involucrado en actividades que exigen acciones legales con diferentes niveles de gravedad, como subarriendos, usos inadecuados o la comisión de delitos que lleven a procesos de extinción de dominio. Aunque en todos los casos existen herramientas legales, si estas no están debidamente previstas y con el adecuado respaldo legal especializado y oportuno, el propietario podría llegar a vivir auténticas pesadillas como las que se derivan de perder su inmueble.
    Por eso las inmobiliarias expertas hacen un estudio riguroso de la integridad de los posibles inquilinos, con el objetivo de brindarle mayor seguridad y tranquilidad al propietario.
  • Incumplimientos en la restitución. La gestión legal lo previene desde la elaboración del contrato con sus correspondientes documentos complementarios técnicamente elaborados, hasta los términos de notificación para terminaciones anticipadas o prórrogas, todas estas estipuladas. Pues el incumplimiento de la entrega de un inmueble también es un riesgo inminente, y más para aquel propietario que arrienda directamente, ya que deberá asumir los trámites y perdidas de dinero.
  • Detrimento de la propiedad. Es muy común que los propietarios decidan vender sus inmuebles debido a que, después de un tiempo arrendándolos, gastan más del dinero que les ofrece el negocio en reparaciones. La ecuación “ganancias versus pérdidas” representa un factor importante para tomar la decisión de arrendar tu propiedad a través de una inmobiliaria, que cuida el estado del inmueble y emprende acciones legales en favor del propietario.

Gestión experta

Esta amplia posibilidad de riesgos exigen sin duda la gestión de un experto a lo largo de todo el proceso. Un experto que te garantice la adecuada selección del arrendatario, la elaboración de los contratos a medida y con plena validez legal y el músculo y la experticia suficiente de un equipo jurídico que pueda actuar si es necesario más allá de todas las previsiones.

Una inmobiliaria experta, con su debida matrícula de ley y con el respaldo en responsabilidad y capacitación que da la pertenencia a un gremio, son la mejor opción para reducir al mínimo los riesgos legales al arrendar tu propiedad.

Recuerda que ninguna compañía diferente a una inmobiliaria podrá brindarte este tipo de soluciones.


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Ya que comprendes los riesgos, toma la mejor decisión. Arrienda con una inmobiliaria experta y evita involucrarte en problemas legales como Lina. Conoce aquí su historia.